Autoridades territoriales en la constitución de 1991

Autoridades territoriales en la constitución de 1991

La planeación pública es una conquista de las luchas sociales en Colombia en el siglo XX, porque involucra a las y los gobernantes en el cumplimiento de los mandatos para los que fueron elegidos.

Pero aun conquistas de carácter estructural pueden ser apropiadas por las élites para mantener sus privilegios políticos. Este artículo relata algunos episodios del cambio constituyente y rescata tres cambios institucionales de la mayor importancia en el debate sobre constituyentes territoriales, en 2015.

Las prácticas políticas de las y los gobernantes, amparados en la constitución conservadora de 1886, permitían que de la voluntad individual de quien gobernara se convirtiera en ley. Hacerse elegir en las urnas instaladas por ellas mismas, gobernar territorios que no conocían y acomodar las leyes a su antojo eran prácticas cotidianas de unas élites que se soportaban en ‘caciques electorales’, es decir grupos de trabajo de algún importante elector (cacique) quien intercambiaba los votos de sus públicos cautivos por favores en los espacios de poder.

Poco a poco la sociedad y las mismas élites han ido restringiendo esas prácticas, limitándolas mediante procedimientos, reglas y metodologías que ofrecían garantías para instalarse en la vida pública a las personas gobernadas y a los grupos políticos nacientes.

Pequeños cambios de procedimiento, como la elección por concurso de las juezas y jueces de la república (antes eran nombrados por los gobernadores), la implementación de una Policía Nacional (antes era departamental y municipal y sus generales eran hijos, hermanos o nueros de las familias políticas de la región), y la elección popular de autoridades municipales (antes eran delegados del presidente y luego de los gobernadores). En últimas, cada nuevo procedimiento abría una puerta a un nuevo sector social y era el resultado de una lucha importante, de las tensiones sociales entre el pueblo y las élites o entre las mismas élites.

La Constitución Política de Colombia formalizó tres cambios institucionales importantísimos que permitían profundizar la democracia:

Por un lado, la elección popular de autoridades territoriales. Esto significó cambios de forma tan pequeños como un tarjetón en el que se votaba por sujetos y no por partidos y en el que se podían inscribir listas que tuvieran suficiente respaldo popular hasta garantizar que un alcaldesa o alcalde elegido en un municipio fuera reconocido por sus habitantes: no más nietos de gobernadores haciendo sus primeros pinitos en la administración de un municipio.

El segundo fue la descentralización presupuestal y la desconcentración de funciones públicas, que en resumen significa plata y funcionarias para todos los municipios. Tal era la importancia de este par de criterios que estuvieron en el centro del debate de todas las movilizaciones sociales, incluyendo los pliegos de acuerdo de sindicatos urbanos y agrarios e incluso con los movimientos guerrilleros durante los 70 y 80.

Y para completar esta fabulosa triada, se introdujo el voto programático que con palabras crudas es obligar a las y los políticos elegidos a cumplir sus promesas de campaña. Si una persona era elegida por prometer salud y educación tenía que cumplirlo y para eso debía incorporarlo en el Plan de Desarrollo Municipal.

Este enorme salto ofrece unas garantías cuyo uso sigue en disputa. Las élites han aprendido a acomodarse a las nuevas reglas de juego y conocen la burocracia que les permite monopolizar las herramientas políticas que ha construido la lucha social. Pero la gente también apropia esas herramientas para construir programas de desarrollo territorial, orientando la planeación y los presupuestos públicos hacia el desarrollo regional, ganando elecciones y presionando en las luchas sociales.

Si ganamos el pulso y manejamos con destreza estos instrumentos en los procesos de autonomía territorial como las Autoridades Indígenas y Negras, las Zonas de Reserva Campesina o procesos de comunas y localidades urbanas, ¿estaríamos un paso más cerca de la autodeterminación para la justicia social?

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