Ordenamiento Territorial Entre la denuncia y la creatividad urbana. Retos y agenda urbana para la formulación del nuevo POT en Bogotá

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El actual proceso de formulación y adopción del nuevo POT de Bogotá nos ha permitido, desde el Centro de Estudios Territorio y Ciudad, iniciar el debate frente a la posibilidad de concebir un nuevo proyecto de ciudad o de afianzar el modelo de urbanización existente por lo menos otros 12 años más. Y si bien a inicios del siglo XXI el debate frente al POT era novedoso y generaba expectativas en diversos sectores académicos, económicos y sociales, en la actualidad parece que la administración ha querido reducir el perfil democrático y participativo del nuevo proceso de formulación y poco o nada se ha oído o se puede encontrar de éste públicamente.

A pesar de la necedad de la administración actual con respecto a la reiteración de las formulas urbanas adoptadas hace casi 20 años, la ciudad ya no es la misma, los procesos urbanos globales y locales han evolucionado y las discusiones sociales y académicas también. Adicionalmente, los resultados del plan anterior resultaron modestos frente a las expectativas generadas, la estrategia de clase de las fuerzas capitalistas se ha consolidado tanto al interior como al margen del marco establecido en el POT y las organizaciones sociales, sus líderes e integrantes, se han profesionalizado en los temas relacionados con el ordenamiento y los conflictos específicos que han tenido que enfrentar en los territorios en su cotidianidad.

A inicio de siglo, la novedad del ejercicio de formulación del POT ofreció un amplio margen a los técnicos y políticos que pensaron la ciudad futura, a la cabeza de las administraciones Mockus-Peñalosa. Esto se manifestó en un plan concebido desde la perspectiva económica de la ciudad-región, bajo el modelo de una ciudad de servicios soportada por los principios de la competitividad y la productividad como parte de los objetivos estratégicos contemplados en el plan. Una apuesta alineada con el discurso de la ciudad global, de gran acogida en la década del 90 y principios del 2000.

Pero a su vez y complementariamente, el plan requirió incorporar los importantes desarrollos progresistas de finales del siglo XX en términos de la concepción de la función social de la propiedad y la adopción de nuevos instrumentos para la democratización del espacio urbano y el territorio, conquistados por la sociedad en su conjunto en décadas anteriores.

Desde una perspectiva histórica, no se puede perder de vista que la ley de desarrollo territorial (388 de 1997) en la que se enmarcan los POT actuales, tiene como precedente la ley de reforma urbana (9 de 1989) que fuera resultado, en gran medida, de la presión ejercida por el amplio movimiento social y comunal urbano colombiano de finales de la década de los 70 e inicios de los 80. Una presión que exigiría dar inicio al proceso de descentralización del país, proceso afianzado por la constitución de 1991, aunque en sus desarrollos políticos y normativos posteriores se haya visto truncado y sea hoy un campo en disputa, ahora no tanto de los movimientos urbanos como de los movimientos étnicos y agrarios, así como de las expresiones sociales de las regiones afectadas por las economías extractivas.

Imagen: estructura socio-económica y espacial: red de centralidades, POT Bogotá. 2004

 

En este sentido, nos enfrentamos a un nuevo escenario histórico, en el cual ese margen de actuación amplio y optimista bajo el que se desarrolló la formulación del POT a principios de la década del 2000, se ve reducido ante un mayor conocimiento y consecuente control social de lo que implica el ordenamiento. A esto se suma actualmente la gran fragmentación de intereses sociales específicos y la multiplicación experiencias acumuladas de resistencia territorial, las nuevas sensibilidades sociales e individuales frente a temas como el medio ambiente, paz o género, un marco político e institucional más inestable y fenómenos globales con impactos locales tangibles como el cambio climático. Se trata de una sociedad que se está confrontando a sí misma y que bien o mal ha asumido una actitud de pesimismo frente al futuro de desarrollo y progreso que se le vendió a inicios de este siglo.

Se abren así dos alternativas: la formulación del nuevo POT como un escenario de reencuentro y diálogo entre los diversos sectores y sensibilidades sociales fragmentadas en medio del desencanto por la realidad actual o el trámite técnico y rutinario de un plan que no se conciba como instrumento para la construcción de un proyecto común de ciudad. En el peor de los casos nos enfrentamos a la posibilidad de formular un plan sin apenas perspectiva de utopía y acaparado por la pragmática económica de los sectores inmobiliarios y financieros que dominan los procesos de urbanización de nuestra ciudad en la actualidad.

Los grupos de interés que representa el alcalde Peñalosa y la actitud asumida como gobernante permite asegurar que nos dirigimos al segundo escenario. La iniciativa de la revocatoria a la que se enfrenta necesariamente va a aplazar o poner en segundo lugar el debate frente a la formulación del POT y ayudará a polarizar el debate de una ciudad compuesta por un sinnúmero de intereses minoritarios y fragmentarios de clase. Bogotá es una ciudad de minorías que se pueden articular de manera algo más fluida en ejercicios reivindicativos como la revocatoria pero que ante ejercicios complejos como el ordenamiento territorial difícilmente se van a articular bajo un consenso inicial.

Imagen: proyecto renovación CAN, OMA + Gómez Castro. 2013

 

En este sentido ¿cuál es el debate que debemos dar frente a la formulación del nuevo POT?

En primer lugar, es necesario restarle el énfasis técnico que ha querido plantear la administración distrital frente a los temas urbanos y enfocar el debate en la dimensión política del ordenamiento territorial. Las herramientas e instrumentos técnicos para la democratización del territorio tienen un gran desarrollo en la actualidad en la normatividad existente y pueden ser explotados aun de mejor manera si hay un ejercicio y presión decidida para su uso y puesta en práctica. El problema no está fundamentalmente en el desarrollo de nuevos instrumentos de planeación y gestión territorial, sino en exigir a los profesionales y entes de planeación y gestión urbana el desarrollarlos y usarlos creativamente en función de la democratización del territorio.

En segundo lugar, es necesario articular las agendas urbanas y las agendas rurales actuales. El movimiento social urbano colombiano, y de Bogotá en particular, ha perdido en los últimos años parte de su capacidad creativa, supliendo esta pérdida mediante la adopción y transposición de las agendas rurales a las urbanas. En este sentido se pueden ubicar tres problemas fundamentalmente de origen rural que se vienen usado indistintamente en las reivindicaciones urbanas de muchas organizaciones sociales: la identidad, la tenencia o propiedad de la tierra y la defensa del territorio.

En este sentido, la defensa de una identidad cultural y la defensa del territorio con base en esa identidad se adecua de mejor manera a las disputas étnicas y campesinas, la ciudad es un territorio que se construye desde la diferencia y del reconocimiento de otros con identidades propias. El problema pasa entonces por la construcción de un espacio de vida con base en el reconocimiento, convivencia y producción de diferencias. Por otra parte, si bien la tenencia o propiedad de la tierra, sea privada o colectiva, así como la defensa del territorio es parte fundamental también en esas disputas, en la ciudad estas reivindicaciones resultan problemáticas ante el carácter dinámico y la tendencia segregacionista en la construcción del espacio urbano. Son reivindicaciones que terminan por afianzar la fragmentación urbana. La ciudad deja de ser concebida como un solo territorio en disputa, a ser concebida como un territorio fragmentado, lo que a su vez lleva en cierta medida a convalidar la desigualdad socio espacial sobre la que históricamente se han construido nuestras ciudades al reivindicar territorios marginales y de exclusión.

Lo anterior no significa negar o desconocer el rol activo de esas reivindicaciones en la construcción de una nueva sociedad y de una nueva ciudad. Implica más bien la posibilidad de ampliarlas y articularlas a las disputas propias de la vida urbana, toda vez que los límites entre campo y ciudad son cada vez más difusos, lo que significa reconocer que son disputas que no se pueden aislar, pero tampoco suplantar o generalizar.

Imagen: Plano Estrategia de Planeamiento y Actuación Urbana - Ciudad Región, Comisión Intersectorial de Operaciones Estratégicas y Macroproyectos del Distrito Capital. 2015

 

El debate podría orientarse a la formulación de un plan cuyo objetivo final sea la construcción de un consenso social a mediano y largo plazo, a la manera de un urbanismo reflexivo, antes que pretender construir un consenso y modelo de ciudad inicial a partir del cual se construya ese plan [1]. La idea de un urbanismo reflexivo implica cambiar la lógica sistémica de la planeación y adoptar una lógica dialéctica, implica saber que cada decisión que se tome entraña una contradicción en la que el resultado puede ser lo planeado o puede ser otra cosa. Esto también significa que la dimensión estructural del plan deba ser dinámica, antes que estática.

En este sentido, ¿Se pueden crear estructuras que no se puedan reducir a un ejercicio cartográfico estático, sino que impliquen su construcción activa y participativa en el tiempo? ¿Podrían temas como la memoria, la relación campo-ciudad o la reconciliación socio espacial en un escenario histórico de superación del conflicto armado y profundización democrática ser componentes estructurales del plan?

Esta reflexión expone simplemente algunas ideas orientadas a pensar la ciudad y su territorio en otras dimensiones, menos técnicas y físicas y más sociales y políticas.

Adicionalmente, la dimensión local y zonal resulta fundamental en un nuevo modelo de ordenamiento territorial. La posibilidad de implementar instrumentos de planeación y gestión social de los problemas locales, de profundizar en mecanismos de participación y creación colectiva del espacio, le han sido arrebatados a la sociedad bajo la puesta en práctica simple y restrictiva del POT actual. Se ha reducido el concepto de territorio al de uso del suelo. Esta práctica solo ha favorecido la proliferación de proyectos inmobiliarios sin atributos urbanos, la explotación intensiva del suelo en beneficio del sector financiero y la reproducción de normas urbanas con poco sentido práctico de la realidad.

En el fondo, nos enfrentamos a la necesidad de romper con la lógica histórica de segregación urbana en beneficio de grupos sociales específicos que disfrutan de todos los atributos de la ciudad en términos de acceso al espacio, la cultura, el ambiente, la información, el trabajo o el ocio, a costa de la marginación y exclusión de los demás grupos sociales frente a estos atributos. No es suficiente denunciar, estamos ante la necesidad de poner en práctica un ejercicio en el que a la vez que reconozcamos las conquistas y los avances sociales en cuanto a la construcción social del territorio, nos exijamos pensar creativamente la ciudad en respuesta a las nuevas realidades del espacio y la sociedad.

Esta agenda urbana puede incluir, entre otros temas:

1. La reivindicación y reconocimiento de la diferencia como valor urbano fundamental. Si nuestro territorio nacional es frágil y megadiverso, nuestras ciudades también lo son.

2. La disputa por una movilidad social y territorial que supere la visión del transporte urbano y se oriente al acceso y disfrute de la vida urbana y la centralidad.

3. La incorporación de las nuevas espacialidades del riesgo en la estrategia urbana en el marco del reconocimiento de fenómenos como el cambio ambiental global y su expresión diferencial en el territorio.

4. La adopción de la memoria como elemento fundamental en la producción del espacio y su expresión territorial, incluyendo el reconocimiento de las víctimas del conflicto social y armado en la producción contemporánea de nuestra ciudad.

5. La concepción de las periferias urbanas como nodos y territorios híbridos de la relación campo-ciudad, escenarios de nuevas naturalezas y procesos de renaturalización. En la actualidad la naturaleza no solamente se protege sino que requiere ser (re)creada socialmente.

7. La disputa del valor social del ocio y el tiempo libre al capitalismo mediante la concepción de nuevas categorías de equipamientos y dotaciones urbanas de escala urbana, zonal y local. Esto significa la reivindicación del ocio por fuera de los circuitos del consumo como práctica anti-capitalista.

8. El reconocimiento del territorio como un patrimonio socio espacial construido históricamente y de su alto valor cultural como respuesta a los procesos de renovación y gentrificación urbana actualmente en curso.

Se trata, nuevamente, de plantear algunas ideas frente a la construcción de una agenda urbana que supere la perspectiva técnica y físico-espacial reducida que actualmente tiene el plan, de reapropiar los valores urbanos capturados por las élites económicas y las fuerzas capitalistas, y de disputar la ciudad en su conjunto no solo para los habitantes urbanos sino entendida como un nodo definitivo en la construcción democrática de las regiones, el territorio nacional y la sociedad colombiana.

Notas

[1] La idea de un urbanismo reflexivo se ha venido discutiendo académicamente desde la perspectiva de superar el paradigma moderno centrado en la racionalidad económica y científica y el reconocimiento de otras racionalidades sociales y no científicas asociadas a la modernidad.

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