Reflexiones ambientales sobre la paz

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El proceso de dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC-EP constituye actualmente un avance fundamental en materia de inclusión y reconciliación, que abre nuevas oportunidades para una población que ha sido víctima no sólo del conflicto armado, sino también del conflicto político y social que aún azota a nuestro país. Según el Gobierno Nacional, la paz permitirá el desarrollo económico en muchos lugares apartados a los que no era posible el acceso debido a la presencia de actores armados ilegales en el territorio, lo que traerá, al menos en el discurso, mejor calidad de vida para las y los habitantes de dichas comunidades.

No obstante, la realidad muestra que el modelo económico del país, enmarcado en la relación centro-periferia, le otorga a Colombia el rol de proveedor de materias primas bajo condiciones de intercambio con los países del centro son asimétricas que conllevan a impactos ambientales de gran magnitud ya la configuración de altos índices de desigualdad y pobreza en los países de la periferia.Esta situación ha sido respaldada por el Gobierno Nacional quien ha desplegado importantes esfuerzos para la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED)como motor principal para jalonar el progreso económico del país, el cual es medido por el Producto Interno Bruto (PIB).

La característica principal de la IED en el país es la extracción de materias primas, estrategia que trae consigo conflictos ambientales profundos como la contaminación del recurso hídrico,la remoción de la cobertura forestal, el cambio en la vocación del suelo y el desplazamiento masivo de comunidades, entre otros. A pesar de esto, dicha estrategia ha contado con el respaldo oficial a través del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 del gobierno Santos, que tiene entre sus estrategias principales el impulso del sector minero-energético para potencializar otros sectores de la economía y, con ello, consolidar el desarrollo económico.

Intervenciones como las de Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, en un foro organizado por la Contraloría General de la República el 13 de abril de 2016, donde menciona que“la paz va a permitir sacar más petróleo de zonas vedadas por el conflicto” y que “la paz cada día es más importante para la economía colombiana, porque nos va a ayudar a construir la nueva economía” (El Espectador, 2016), así como las noticiasque han sido publicadas enlos últimos días sobre la posibilidad de transferir al Ministerio de Comercio la facultad de administrar los Parques Nacionales Naturales, evidencian la orientación del Gobierno Nacional hacia la priorización de la explotación de los recursos naturales del país desde un enfoque productivista como estrategia de desarrollo económico, incluso por encima de los intereses de conservación.

Lo anterior contrasta con el artículo publicado en el diario Espectador el 03 de marzo de 2017 titulado “La fauna en zonas que eran de las Farc”, donde se da cuenta de cómo diversas instituciones de investigación biológica han podido acceder a lugares antes vedados por el conflicto armado, lo cual permitiría estudiar con mayor profundidad la biodiversidad del país en estas regiones. Pese a ello, la accesibilidad a estas zonas supondrá un alto riesgo para la biodiversidad debido a los diferentes proyectos mineros y energéticos que se planean realizar allí.

La laxitud del estado colombiano para aceptar solicitudes mineras y energéticas representa un peligro para los diferentes ecosistemas y para las comunidades que habitan dichos territorios. Tal y como lo muestra el mapaque se presenta a continuación donde se comparanlos ecosistemas que se encuentran en el país con las áreas de solicitudes mineras, la mayor parte de éstasse ubican en ecosistemas andinos, alto andinos y de páramo, situación que va en contravíade lo reglamentado por la Corte Constitucional en febrero del 2016 en la sentencia C-035 de 2016 y que amenaza la biodiversidad de estas zonas debido a la falta de gestión del Estado para delimitarlas:

Coberturas vegetales versus solicitudes mineras
Fuente: UN Periódico, 2011

 

Por otro lado, las donaciones que se encuentran realizando la Unión Europea,organizaciones multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo,y países como Japón, Canadá y Estados Unidos, entre otros,tienen el objetivo de consolidar la paz y, de paso, crear las condiciones propicias para fortalecer la actividad económica extractiva, de manera que ésta pueda conectarse con la estrategia de desarrollo propuesta por el Gobierno Nacional. De esta forma, la paz se convierte en una inversión para los países industrializados que rendirá beneficios en un mediano plazo en un país que deberá mantener el modelo económico donde se consolidarán las relaciones desiguales que el sistema centro-periferia propone.

De llevarse a cabo la estrategia gubernamental de convertir a Colombia en un escenario para la extracción de recursos naturales, se pondría en una situación de vulnerabilidad extrema el ya insuficiente autoabastecimiento alimentario, al priorizarse la actividad extractiva sobre la producción agroalimentaria nacional en un país que al día de hoy es importador neto de alimentos. Adicionalmente, la deforestación y devastación de ecosistemas estratégicos como los proveedores de agua pondrán en serio peligro el abastecimiento hídrico en un país donde aproximadamente 11 millones y medio de personas están en condición de vulnerabilidad frente al abastecimiento hídrico de acuerdo con la variabilidad climática (IDEAM, 2015).

La movilización social se convierte, por tanto, en el mecanismo más eficaz para detener la locomotora minero-energética que se viene sobre los ecosistemas y las comunidades rurales, y que pone en peligro el patrimonio biológico y cultural que representa la ruralidad colombiana. La academia debe acompañar estas iniciativas a partir de una postura crítica y con rigor científico queevidencie lo perjudicial de este modelo económico para la calidad de vida dela sociedad colombiana.

La tan anhelada paz con justicia social no puede dejar por fuera del debate a la justicia ambiental, una justicia donde las comunidades tomen decisiones de manera soberana acerca de qué desarrollo consideran adecuado y pertinente para sus territorios. Sólo así se logrará una paz estable y duradera.

Bibliografía

IDEAM (2015). Estudio nacional del agua: información para la toma de decisiones. Revisado el 10 de marzo de 2017 en http://www.ideam.gov.co/web/sala-de-prensa/noticias/-/asset_publisher/96oXgZAhHrhJ/content/estudio-nacional-del-agua-informacion-para-la-toma-de-decisiones

Álvarez, C. (2011, 10 de diciembre). Explotación minera contra investigación científica. UN Periódico, revisado el 10 de marzo en http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/explotacion-minera-contra-investigacion-cientifica/index.html

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